Como hospital, condenamos cualquier hecho que vulnere la probidad y la transparencia, reafirmando que mantenemos tolerancia cero frente a conductas constitutivas de delitos dentro de nuestra institución. 

Lamentamos informar que se han detectado algunas irregularidades en ciertos procesos de compra del Hospital de La Serena, lo cual ha podido ser advertido gracias a los propios controles internos regulares y las nuevas herramientas de gestión administrativa del establecimiento (ERP ADHARA, que funciona desde 2024), los que permitieron identificar un posible fraude al fisco, administración desleal, malversación de caudales públicos y cohecho de parte de, al menos, un funcionario y será materia de investigación del Ministerio Público determinar sus responsabilidades y si existen más involucrados.

El hallazgo se produjo hace tres semanas, tras identificar patrones reiterados de compras irregulares, cuyas prácticas afectaron los caudales públicos del hospital, y que si bien, constituyen irregularidades graves con características de posibles delitos, queremos transmitir a nuestros pacientes, usuarios y funcionarios, que esta situación no pone en riesgo el habitual funcionamiento del establecimiento.

Desde un primer momento, se tomaron todas las medidas administrativas, institucionales y judiciales que corresponden. En primera instancia, se realizó la denuncia al Ministerio Público y entidades respetivas, se instruyó un Sumario Administrativo, el cual comenzó acciones indagatorias y precautorias inmediatas, como por ejemplo el separar de funciones al trabajador involucrado, resguardando su computador y reduciendo sus accesos a sistemas, mientras dure la investigación. También se efectuó un respaldo de los datos y una completa revisión del proceso de compras del hospital.

Además, junto al Servicio de Salud Coquimbo se presentó una querella criminal en el Tribunal de Garantía de La Serena contra el presunto funcionario involucrado y quienes resulten responsables, poniendo a disposición los antecedentes del caso ante la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. Lo anterior en el marco de lo que nos mandata la Ley y por instrucción expresa de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que ha solicitado eficiencia, transparencia y probidad en el quehacer hospitalario.